ACTUALIZACIÓN LINEAMIENTOS SOBRE APERTURA DE ACTIVIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO

Por: Delegación de Comunicaciones – [email protected]

En aras de mantener informada a toda la comunidad arquidiocesana de Bucaramanga con respecto a los lineamientos y protocolos a seguir para la reapertura de los templos, el señor Arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra comparte el último comunicado  enviado por el Ministerio del Interior a través de  oficina de Asuntos Religiosos. A continuación el comunicado.

Bogotá D.C. lunes, 10 de agosto de 2020

COMUNICADO COMPLEMENTARIO

PARA: ENLACES TERRITORIALES DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE

GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS

DE: DIRECTORA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

ASUNTO: COMPLEMENTO NORMATIVO AL COMUNICADO No. 003 del 2020

“ACTUALIZACIÓN LINEAMIENTOS SOBRE APERTURA DE ACTIVIDADES

DEL SECTOR RELIGIOSO”

Estimados Enlaces de Asuntos Religiosos:

Teniendo en cuenta las inquietudes surgidas en varios territorios con ocasión al Comunicado OFI2020-25856-DAR-2600 del 3 de agosto de 2020, que actualiza los lineamientos sobre apertura de actividades del sector en el marco del Decreto Legislativo 1076 del 2020 que dejó sin efectos el Decreto 990 de 2020, procedemos a complementar dichos lineamientos, explicando y precisando todo el desarrollo normativo que le es aplicable:

  1. En el marco del aislamiento preventivo obligatorio, producto de la pandemia del COVID- 19, el Gobierno Nacional ha expedido los Decretos Legislativos 457 del 21 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020 modificado por el 847 del 14 de junio de 2020, y el 1076 del 28 de julio de 2020, a través de los cuales se han impartido instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público; Decretos de Orden Nacional a través de los cuales se han ido impartiendo instrucciones dirigidas a todas la personas habitantes de la República de Colombia, y que han ido variando a medida que se van reabriendo los diferentes sectores económicos y sociales del país, previo establecimiento de su respectivo protocolo de bioseguridad.
  2. Mediante la Resolución 666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, sin distingo alguno, la cual rige desde el 24 de abril de 2020.
  3. Con el primer decreto legislativo de orden público, vale decir, el Decreto 457 de 2020, únicamente se permitió el funcionamiento de las actividades consideradas de primera Continuación [CODE]-DAR-2600 Página 2 de 4 necesidad, tales como el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes; sin embargo, cada vez que se han venido expidiendo decretos legislativos de orden público, se han ido permitiendo la reactivación de otros sectores, previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Resolución 666 de 2020 los cuales han tenido que ser condicionados al funcionamiento de cada actividad, generándose unos protocolos específicos de acuerdo con el sector, como sucedió en el caso de las actividades religiosas cuyo protocolo está definido dentro de la Resolución 1120 del 3 de julio de 2020.
  4. Este Protocolo del Sector Religioso que fue adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 1120 del 03 de julio del 2020, y que constituye una norma de menor jerarquía frente al Decreto Legislativo 1076 del 2020, fue producto de un proceso de concertación que tuvo como punto de partida los distintos documentos de propuestas de protocolos presentados a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior desde finales del pasado mes de abril, por el mismo sector interreligioso del país, tales como fueron las propuestas de la Iglesia Católica, de Iglesias Cristianas, la Cooperación SUMATE, la Iglesia Adventista, entre otras.
  5. Es así cómo, dentro del último Decreto Legislativo 1076 de 2020, que actualmente está vigente, se continúa indicando acerca de la reactivación de sectores ya aprobados, tales como: el de la construcción, manufacturero, servicio doméstico, centros comerciales, actividades inmobiliarias, parqueaderos, museos y bibliotecas, servicios de peluquería, entre otros; previo el cumplimiento de sus protocolos de bioseguridad aprobados y adoptados como sector mediante resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
  6. Sin embargo, el último decreto legislativo de orden público estableció unas prohibiciones a algunas actividades presenciales en aquellos municipios con alta o moderada afectación por el COVID-19, entre las cuales se encuentran: los locales comerciales de esparcimiento, diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juego de video; los establecimientos y locales gastronómicos; piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles; Cines y teatros; la práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto; y los servicios religiosos.
  7. Particularmente, en lo que tiene que ver con servicios religiosos presenciales, en el marco de la presente emergencia sanitaria al concebirse los mismos como una actividad que implica aglomeraciones, dentro del Decreto Legislativo 1076 de 2020 se establece que debe generarse la autorización por parte de los alcaldes, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social, y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por el citado Ministerio de Salud para el sector religioso; siendo uno de los pocos sectores que cuenta ya con un protocolo oficial aprobado.
  8. Ahora bien, es pertinente indicar que tanto el actual Decreto Legislativo 1076 de 2020, como los anteriores Decretos 749 del 2020, 531 del 2020 y 457 del 2020 que fueron expedidos en su momento, siempre han hecho alusión a las normas previamente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y que aplican frente a la violación e inobservancia de medidas adoptadas en virtud de emergencias sanitarias, lo que para nuestro caso puntual, lo constituye la emergencia hoy generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, normativa que ha estado consignada en dichos Decretos y han sido de conocimiento de toda la ciudadanía, desde el pasado mes de marzo, en los siguientes términos:

“Artículo 12. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.” (Resaltado fuera del texto).

  1. Las sanciones por la violación e inobservancia de las medidas podrían ser por tanto aplicables a TODOS los sectores a los que se les haya permitido la reapertura de sus actividades, y que sin justificación alguna NO cumplan con lo previsto por el Decreto 1076 de 2020, lo cual incluiría la inobservancia de los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el sector respectivo.
  2. Para efectos de mayor conocimiento y comprensión, transcribiremos textualmente las sanciones previstas previamente en nuestro ordenamiento jurídico y que tan solo se enuncian en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1076 de 2020:
  • Sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal. Código que fue adoptado por la Ley 599 de 2000 y Ley 1220 de 2008: “Artículo 368. Violación de medidas sanitarias: El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”. (Resaltado fuera del texto).
  • Multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016. El cual compiló el Decreto 3518 de 2006: “Artículo 2.8.8.1.4.21. Multas. La multa consiste en la sanción pecuniaria que se impone a una persona natural o jurídica por la violación de las disposiciones sanitarias, mediante la ejecución de una actividad o la omisión de una conducta. Las multas podrán ser sucesivas y su valor en total podrá ser hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes al momento de imponerse.

Las multas deberán cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las impone. El no pago en los términos y cuantías señaladas, dará lugar al cobro por jurisdicción coactiva.” (Resaltado fuera del texto).

  1. Es decir, que tanto la sanción penal o las multas que puedan llegarse a configurarse ante un eventual incumplimiento, inobservancia o violación de las medidas adoptadas en virtud de emergencias sanitarias están previstas dentro de la normatividad colombiana desde el año 2000, 2006, 2008 y 2016, y en ningún momento se establecieron en éste tiempo para ser de aplicación exclusiva de un solo sector (el sector religioso), por que como se ha indicado, el Decreto Legislativo 1076 del 2020, en el cual se mencionan, es de carácter nacional, y el mismo es aplicable a todos los sectores económicos y sociales del país, sin ninguna distinción.
  2. Por lo anterior, en el marco de la autonomía propia de que gozan las entidades religiosas, se recomienda que cada entidad conforme a su propia jerarquía y forma particular de organización y liturgia establezca las medidas internas para la aplicación y adopción de los lineamientos generales previstos en el protocolo de bioseguridad del sector religioso, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Resolución 1120 del 2020.

Finalmente, se resalta que dentro del Decreto Legislativo 1076 de 2020 continúa garantizándose, en su artículo 3 literal 30, la excepcionalidad de circulación para “las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica”, reconocida desde el pasado 22 de marzo de 2020 al sector, como garantía del derecho de libertad religiosa.

Esperamos que las anteriores precisiones fortalezcan las labores de apoyo, orientación y socialización de los protocolos de bioseguridad para la reactivación gradual de las actividades religiosas dentro de sus territorios, frente a lo cual estamos como Dirección Nacional, atentos en acompañar las socializaciones respectivas con el sector.

Atentamente,

LORENA RÍOS CUÉLLAR

Directora de Asuntos Religiosos

Elaboró: Jeannette P. Muñoz N.

Revisó: Lorena Ríos Cuéllar

TRD. 2600

Complemento normativo comunicado 03 del 2020 DEF

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